Educación aprobó un protocolo sobre como abordar en las escuelas casos de delitos contra la integridad

Locales 29 de junio de 2021 Por Redacción INFODOCENTE
Tras acuerdo interinstitucional, los educadores contaran con protocolos de actuación para el abordaje de delitos contra la integridad sexual, violencia de género e intrafamiliar.
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El convenio tripartido rubricado entre los ministerios de Educación, Público Fiscal y la Secretaria de Seguridad, brinda herramientas para la actuación inmediata del personal de las instituciones educativas en protección de los estudiantes ante la posibilidad de que sean víctimas de delitos contra la integridad sexual, violencia de género e intrafamiliar-

El Ministerio de Educación desde 2016 trabaja intensamente en la visibilización de todas las situaciones de complejidad que afecten a los miembros de la comunidad educativa, especialmente a los estudiantes que pueden ser víctimas de delitos contra la integridad sexual y violencia de género e intrafamiliar.

En 2017 por Resolución N° 6515-ME-2017 se establecieron los Procedimientos Administrativos que deben seguir autoridades escolares y equipos docentes ante la detección de alguna de estas posibles acciones que ponen en riesgo a los alumnos.

Tras las modificaciones del Código Penal, se advirtió la necesidad de actualizar procedimientos administrativos, articulando fuertemente con el Ministerio Público Fiscal y la Secretaría de Estado de Seguridad. De este modo en forma conjunta entre los organismos mencionados, se elaboró un protocolo de actuación para el abordaje de delitos contra la integridad sexual, violencia de género e intrafamiliar en perjuicio de niños, niñas, adolescentes y personas con capacidad restringida.

El protocolo sintetiza normas, prácticas y principios obligatorios para el abordaje, comunicación y recepción de denuncias por delitos contra integridad sexual, violencia de género e intrafamiliar en perjuicio de niños, niñas y adolescentes y personas con capacidad restringida, detectados en el ámbito las instituciones educativas de la provincia; estableciendo las acciones que deben implementar el personal docente, no docente o directivo de las instituciones educativas, junto a los efectivos de la Policía y de los miembros del Ministerio Público.

Para la elaboración de este documento se contempló el artículo 321 inc. 1 de la ley 1851-O, y el artículo 72, apartado segundo, inc. a) b) y c) del Código Penal, que obliga a promover la acción penal de oficio en delitos de acción pública dependientes de instancia privada cuando estuvieren motivados en razones de seguridad e interés general, hubiera contradicción entre la víctima y sus representantes legales, o la víctima fuere persona menor de dieciocho años o con capacidad restringida, ordenan al funcionario público a denunciar la comisión de tales delitos conocidos en el ejercicio de sus funciones.

Por Resolución Ministerial 6515-ME-2017, se aprueba la guía de procedimientos ante situaciones de complejidad, abordando administrativamente la problemática en casos de detección de violencia intrafamiliar, de género y atentados contra la integridad sexual de los educandos.

La normativa establece que la denuncia es un acto obligatorio para el personal de educación sean docentes, no docentes, preceptores, directivos, supervisores, ante la sospecha de criminalidad por delitos de violencia intrafamiliar, de género, o contra la integridad sexual, en cualquiera de sus formas, cometidos en perjuicio de niños, niñas y adolescentes o personas con capacidad restringida.

Prestar total colaboración, preservar y entregar documentación, informes u elementos probatorios.

Estas acciones permiten continuar con la política de gobierno cuya premisa es el cuidado, formación y educación de niños, niñas y adolescentes que forman parte del Sistema Educativo, iniciado en el año 2016 y que se va fortaleciendo diariamente.

¿Qué dicta el protocolo?


Pautas generales de actuación para situaciones de violencia intrafamiliar, de género o atentados contra la integridad sexual de menores

Es dable poner de resalto que en los supuestos en que el personal docente, no docente o directivo de las instituciones educativas de la provincia de San Juan, detectare situaciones de violencia intrafamiliar, de género o atentados contra la integridad sexual de menores, procederá de acuerdo a lo normado en la guía de procedimientos ante situaciones de complejidad en las instituciones educativas de la provincia de San Juan, aprobada por Resolución Ministerial 6515-ME-2017, observando en particular:

a.- Conservar la totalidad de la evidencia probatoria que surgiere del abordaje administrativo del caso, reglado en dicho protocolo de actuación.

b.- Comunicar de manera Inmediata a la UNIDAD FISCAL competente (UNIDAD FISCAL CAVIG o UNIDAD FISCAL A.NI.VI), cuando los hechos conocidos permitieran sospechar la comisión de delito en perjuicio de niños, niñas o adolescentes.

La Unidad Fiscal CAVIG tomará intervención ante presuntos delitos cometidos en un ámbito de violencia intrafamiliar o de género y la Unidad Fiscal A.NI.VI, lo hará en el caso de presuntos delitos contra la integridad sexual cometidos en perjuicio de menores de edad.

A solicitud del Ministerio Público Fiscal o de personal del establecimiento educativo, efectivos policiales se harán presentes en el lugar de inmediato –preferentemente sin portar uniformes ni armas- a efectos de llevar a cabo las instrucciones del Fiscal interviniente.

c.- Comparecer en el menor tiempo posible a la Unidad Fiscal competente, con la totalidad de la documentación e informes que permitan valorar de manera temprana al Fiscal del Caso la existencia de alguna forma de criminalidad en perjuicio de niños, niñas, adolescentes o personas con capacidad restringida.

La denuncia debe ser realizada de inmediato en forma personal por el personal docente, no docente o autoridad del establecimiento educativo que tomó conocimiento del hecho ante la Unidad Fiscal que corresponda, a efectos de resguardar el material probatorio y evitar la pérdida de rastros del delito. Los informes elaborados por el personal de la institución educativa podrán ser remitidos posteriormente.

Si el hecho investigado es de antigua data, una semana o más, también se deberá radicar inmediatamente la denuncia en forma personal acompañando los informes elaborados.

En los casos en que resulte estrictamente necesario, el dependiente del sistema de educación podrá dar noticia criminis al Agente del Ministerio Público Fiscal para que inicie de oficio la investigación. A tal efecto, podrá también ser convocado el Asesor letrado de Menores en turno a fin de instar los mecanismos procesales pertinentes para el correcto abordaje del caso.

Si el hecho a investigar se hubiere originado en un ámbito intrafamiliar, el Fiscal interviniente dará inmediato aviso al Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social a efectos de que tomen medidas para proteger a la víctima intertanto se defina la guarda provisoria del menor, en los casos en que resulte así necesario.

d.- Requerir, en casos de imposibilidad real de comparencia, la asistencia de un representante del Ministerio Público Fiscal a fin de formalizar la denuncia en el establecimiento educativo, quien procederá a recepcionarla de manera inmediata y a recibir la evidencia probatoria vinculada al caso en la forma de estilo.

Las medidas antes indicadas serán observadas por el personal docente, no docente y personal directivo sin perjuicio de los restantes actos contemplados en la Resolución Ministerial N° 6515-ME-2017, y personal de las fuerzas de seguridad, para el caso de otras formas no delictuales de violencia intrafamiliar o de género detectadas en el ámbito educativo.

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